Jan Brewer asegura que existe posibilidad de encarcelamientos masivos
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Expresó que Arizona “tiene el derecho” y ella como gobernadora también de “comprobar la identidad de los ciudadanos del estado”
La gobernadora del estado de Arizona, la republicana Jan Brewer, reconoció que “existe la posibilidad” de que se den encarcelamientos masivos, si finalmente se desbloquean las secciones de la ley de inmigración SB1070 que fueron suspendidas por varios tribunales federales y cuya constitucionalidad empezó a analizar el Tribunal Supremo.
Brewer, quien se mostró muy optimista a la salida de la audiencia del Supremo, llevó el caso ante la máxima corte de EE.UU. después de que varios tribunales federales de menor rango bloquearan las cuatro partes más polémicas de la SB1070.
Entre las consecuencias que podría tener el desbloqueo de esas disposiciones es el eventual encarcelamiento masivo de personas, debido al elevado número de inmigrantes indocumentados, que según la ley, podrían terminar presos.
La gobernadora argumentó ante los medios, en la escalinata del máximo tribunal, que Arizona “tiene el derecho”, y ella como gobernadora también, de “comprobar la identidad de los ciudadanos del estado”.
“Tenemos la responsabilidad y el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos de Arizona”, subrayó Brewer, quien consideró que la controversia por la ley es un asunto de impacto electoral para el presidente Barack Obama de cara a los próximos comicios de noviembre.
“Creo que éste es un año electoral y que este asunto se va a utilizar sobre el voto latino”, agregó la gobernadora, que también dijo haber acabado con el “perfil racial”, una disposición que en la ley abría inicialmente la vía a la presunción de culpabilidad a partir de los rasgos raciales.
Otra disposición de la ley SB1070 que quedó suspendida es la que amplió los poderes de la policía para que pudiese pedir los “papeles” a aquellas personas sobre las que se tuviera la “sospecha razonable” de que carecen de documentación.
El caso en la Corte Suprema se centra en si el gobierno del estado Arizona se extralimitó y usurpó los poderes del Gobierno federal al firmar esta ley estatal en 2010 para hacer cumplir las leyes estadounidenses de inmigración.
Durante una audiencia, que duró casi hora y media, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de corte conservador, parecieron apoyar la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal.
El dictamen final de la corte, previsiblemente en junio próximo, determinará no sólo la constitucionalidad de la SB1070, sino que también marcará los límites de la autonomía de los estados para poner en marcha sus propias leyes migratorias.
