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Defienden regla policial sobre decomisos de autos

Dos organizaciones sin fines de lucro han salido a la defensa de la nueva póliza del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) sobre el decomiso de autos de conductores sin licencia.

Hace dos meses, el grupo conservador Watch, demandó al LAPD con el propósito de eliminar la Orden 7.

La medida, que entró en vigor a finales de abril, permite que los autos confiscados a personas sin licencia puedan ser recuperados al siguiente día siempre y cuando la persona que recoge el vehículo muestre su licencia de conducir válida y tenga un récord de manejo limpio, así como el registro y el seguro del carro

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) y el grupo comunitario LA Voice pidieron a la Corte Superior de Los Ángeles que les permitan intervenir en la demanda de Judicial Watch para defender la medida.

Judicial Watch alega que la Orden 7 viola la Ley Vehicular de California, que obliga al decomiso por 30 días de los autos de conductores sin licencias.

“Nuestra decisión de defender la póliza se basa en el tema de justicia y seguridad de las familias que previamente a la medida (Orden 7) eran afectadas con hasta el 10% de sus ingresos anuales al pagar el elevado costo de las incautaciones o, en su mayoría, perdían sus autos”, dijo Zachary Hoover, de LA Voice.

Simplemente, en el 2011, el 85% de los 30,000 autos incautados por la policía en Los Ángeles fueron retenidos 30 días antes de ser liberados. Según CHIRLA y LA Voice, los gastos relacionados a los decomisos eran de hasta 2,000 dólares por auto, lo que tenía efectos devastadores en la clase obrera y los inmigrantes.

Para Angélica Salas, de CHIRLA, el decomiso de autos era una de las razones principales por las que mucha gente no confiaba en la policía.

Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, señaló que el intento de intervención de CHIRLA y LA VOICE es ilógico.

“La Orden 7 es ilegal y peligrosa, ya que los conductores sin licencia son una amenaza terrorista no sólo para los residentes sino para otros conductores, ya sea documentados o indocumentados”, dijo sin reparos.

“Si los conductores sin licencia quieren conducir y estrellarse, pues que se maten, pero las vidas de muchas personas corren peligro con la póliza y el dinero de los contribuidores que se está gastando con la implementación de la medida”, sostuvo Fitton.

La audiencia ante la corte para CHIRLA y LA Voice es el 25 de septiembre.

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