DALLAS.- Por considerarla inconstitucional al tener sólo el afán de excluir y eliminar a inmigrantes latinos, una corte federal de apelaciones frenó la aplicación de una ley en la ciudad de Farmers Branch que prohibiría la renta de vivienda a indocumentados.
Es el tercer intento de este suburbio en el norte de Texas por poner en vigor la ordenanza municipal 2952 que se aprobó desde el 2008, la cual impediría que se renten apartamentos o casas a quienes no demuestren su legalidad migratoria.
El jueves, la Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en New Orleans, señaló en su resolución de 48 páginas que “la ciudad está tratando de excluir a los inmigrantes indocumentados, en especial a los latinos, con el pretexto de regulaciones sobre la vivienda”.
En el texto, la Corte indicó que “debido a que el único fin y efecto de esta ordenanza es apuntar a la presencia de extranjeros ilegales en Farmers Branch y causar su eliminación, contraviene la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la regulación de la inmigración y las condiciones de residencia en este país”.
Reconoció que “este país tiene una población latina muy grande y millones de latinos viven aquí sin permiso legal. Sin embargo, la gran mayoría vive tranquilamente, mantienen a sus familias, obedecen la ley diariamente y trabajan por nuestro país”.
El documento también afirmó que a pesar de que “contribuyen a nuestra riqueza, ellos viven en constante temor de ser aprehendidos como inmigrantes indocumentados y ser deportados, tal vez dejando a sus familias apartadas. Por más insatisfactoria que sea esta situación es el esquema de migración que tenemos hoy en día”.
“Cualquier discriminación verbal y legal contra esta gente, como Farmers Branch lo ejemplifica en su ordenanza, exacerba la dificultad de ese esquema migratorio. Este es un problema nacional que necesita una solución nacional. Y ello impacta en las relaciones de Estados Unidos con México y otros países”, advierte la resolución de la corte.
La respuesta federal se dio a la solicitud de la ciudad de Farmers Branch a esa corte de apelaciones para que anulara el último fallo de una juez que impedía el ejercicio de la ordenanza 2952, a raíz de demandas interpuestas por compañías de bienes raíces y ciudadanos, así como de MALDEF y ACLU que luchan contra la iniciativa de un gobierno municipal que pretende anteponerse a la aplicación de la ley federal migratoria.
Elizabeth Villafranca, una empresaria activista contra esa ley y residente en Farmers Branch, opinó que la obstinación de las autoridades municipales por imponer la prohibición de rentar viviendas a indocumentados se deben al “racismo y también al temor hacia el acelerado crecimiento de la población latina, contra lo que no han podido hacer nada y usan esa ley como táctica de desesperación”.
Protagonista de las protestas civiles contra la ley 2952 desde que se originó en el 2006, afirmó que en esos primeros años la ordenanza despertó temor entre la comunidad latina de Farmers Branch. “Nos tratan de intimidar, pero ya no funciona, no nos vamos a acobardar por ese tipo de acciones que sólo han hecho tirar millones de dólares y desgastado el poder de sus gobernantes”, dijo.
Villafranca comentó que “lamentablemente quieren echar la culpa a los hispanos de lo que pasa en esta ciudad, pero así no se solucionan las cosas”.
Agregó que “el problema migratorio es una cuestión federal y sólo hay que seguir presionando al presidente Obama por una reforma migratoria, ya que si pudo abatir al terrorista Osama Bin Laden, no hay razón para no poder otorgarles dignidad y un camino a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados”.
El 40% de la población de Farmers Branch es latina y no ha habido en la historia de su gobierno municipal ningún concejal hispano. Además hay 3,000 latinos registrados para votar, por lo que “si sólo la mitad de ellos hubieran votado en la elección donde se aprobó esa ley, algo hubiera cambiado”, comentó la activista.
La abogada Nina Perales, vicepresidenta de litigación de MALDEF, precisó en un comunicado que la decisión de la Corte “rechazó el esquema migratorio de Farmers Branch diseñado realmente para expulsar a los latinos” y subrayó que “las cortes federales han dejado claro que las ciudades no pueden hacer sus propias leyes migratorias ni enfocar entre sus residentes a quienes puede expulsar simplemente por su raza o nacionalidad”.
“Ya es hora de que Farmers Branch renuncie a sus esfuerzos siniestros y quijotescos de hacer el trabajo del gobierno federal”, advirtió la directora legal de ACLU de Texas, Lisa Graybill, quien aclaró que “otras ciudades de Texas deben poner mucha atención a la resolución de la corte del Quinto circuito”.
El abogado William A. Brewer III, del despacho Bickel & Brewer Storefront que representa a empresas de bienes raíces y ciudadanos como los demandantes señaló que “esta decisión manda un mensaje importante no sólo a la ciudad de Farmers Branch, sino a cualquier otro municipio que considera adoptar una ordenanza tan dañina como ésta”.
Además dijo en un comunicado que la opinión de la Corte confirma que “esta ordenanza fue un intento descarado de discriminación contra los hispanos”.
Kris Kobach, abogado de la ciudad de Farmers Branch, aseguró a AOL Latino que “este caso aún no finaliza, aún no perdemos esta batalla, pero es muy probable que se busque una revisión de nuestra apelación si es necesario hasta por la Suprema Corte”.
Dijo que el ayuntamiento aún no ha hecho una decisión formal, pero que la hará en las próximas semanas, sobre las medidas tomará luego de la resolución de la Corte federal de apelaciones del Quinto Circuito que rechazó su petición de levantar la prohibición a la ley 2952 que restringe la renta de inmuebles a inmigrantes indocumentados.
“Continuaremos luchando por la vigencia de esta ordenanza ante una de las instancias federales, ya sea nuevamente ante la Corte de apelaciones del Quinto Circuito o la Suprema Corte para su revisión”, señaló Kobach.
Farmers Branch ha gastado más de 4 millones de dólares en la elaboración y representación legal para imponer leyes anti-inmigrantes como las ordenanzas contra la renta de vivienda a indocumentados y la de “English only”.
La ley 2952 que restringe la renta de vivienda a inmigrantes indocumentados fue introducida por primera vez en 2006 por el entonces concejal Tim O’Hare, quien después fue alcalde de Farmers Branch y continuó impulsándola. La ordenanza contempla que los inmigrantes que deseen alquilar una vivienda tendrán que solicitar una “licencia residencial de ocupación” que certificará su legalidad migratoria y serían incluídos en un padrón de personas autorizadas para realizar una transacción de renta en el municipio
Yolanda Gonzalez Gomez
Escritor
AOL Noticias
